domingo, 13 de julio de 2008

Breve Historia del FIN de la Universidad Pública.

(haz click sobre la tabla y ve como se financia tu universidad, ademas de como ha bajado el aporte estatal)

La situación de la Educación Superior en Chile es el ejemplo más representativo de lo que ha ocurrido con el sistema educacional chileno en las últimas tres décadas. La cobertura ha aumentado de manera considerable, sin embargo se ha transitado progresivamente por la ruta de la privatización.

En general, nuestro sistema, “es el más privatizado y abierto al mercado”, como se deduce de su estructura institucional y nivel de participación de la matrícula privada, en combinación con los pesos relativos del financiamiento del Estado y de los hogares.

Actualmente, sólo el 25% de los estudiantes pertenecen a establecimientos públicos, instituciones que progresivamente deben recurrir al autofinanciamiento para recaudar los ingresos básicos que necesitan para seguir operando.

El Comienzo del Fin

Al comenzar la década del 70’, la estructura y la institucionalidad de la educación superior chilena era muy simple. Existían sólo 8 universidades con sedes regionales que impartían educación profesional y técnica. Estas eran la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Universidad Técnica del Estado (hoy Universidad de Santiago), la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Austral, la Universidad Católica del Norte y la Universidad Técnica Federico Santa María.

Estos planteles eran financiados en prácticamente un 80% por el Estado a través de la Ley de Presupuesto y Leyes Especiales. Los alumnos no debían pagar por la educación recibida y sólo cancelaban cuotas de manutención diferenciadas de acuerdo a la capacidad de pago de cada estudiante, para costear gastos de materiales, alimentación, entre otros. Estas cuotas se conocían como “Cuotas de Solidaridad”. La universidad en términos generales era gratuita, por tanto varias generaciones de egresados que actualmente se desempeñan en cargos políticos, académicos y económicos pudieron disfrutar de tal beneficio.

El 11 de septiembre de 1973, junto al golpe militar se comenzó a delinear el desmantelamiento de este sistema. Las ocho universidades, denominadas tradicionales, fueron intervenidas. La Junta Militar, a través de la publicación del Decreto Nº50, sacó a los ocho rectores y delegó en su reemplazo a miembros de la Armada, la Aviación y el Ejército.

Entre 1973 y 1980, la institucionalidad que velaba por el funcionamiento de los establecimientos que entregaban educación superior (Ministerio de Educación y Consejo de Rectores), quedó sometida a la discrecionalidad y autoritarismo de la Junta Militar. Se sucedieron múltiples cambios y la matrícula bajó a menos de 120 mil estudiantes. El aporte fiscal a las ocho instituciones disminuyó desde un 80% a un 66%.

Esta etapa, se configuró como un espacio en que se terminó desmantelando la arquitectura del sistema de educación superior chileno y al mismo tiempo dejó el terreno despejado para imponer las profundas reformas que se comenzaron a aplicar a partir de 1980.

El 30 de diciembre de 1980 se dicta la Ley General de Universidades que faculta al presidente la reestructuración de las universidades. Nacen las universidades derivadas, que correspondían a las sedes regionales de los planteles tradicionales, se cambia el sistema de financiamiento ostensiblemente y se elimina la tradición de la universidad gratuita.

Entre 1980 y 1990 los sucesivos cambios y las normas que permitieron el nacimiento de instituciones privadas, configuraron un escenario inédito y desordenado en la educación superior chilena.

El Estado disminuye progresivamente su aporte a las instituciones y el sistema antiguo de financiamiento se reemplaza por otro que incorpora tres pilares: i) Un Aporte Fiscal Directo (AFD) para las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores (tradicionales y derivadas); ii) Un Aporte Fiscal Indirecto (AFI) para todas las instituciones que capten a los alumnos de mejor rendimiento en la prueba de admisión y iii) Un Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) que financia proyectos individuales de los docentes.

En esta etapa, cada alumno debe pagar su arancel y quién presente una situación socioeconómica muy desmedrada y se matricule en alguna de las universidades tradicionales y derivadas, podrá optar a un Crédito Fiscal Universitario, el cual a partir de 1987 comenzó a ser administrado por cada Universidad.

En marzo de 1990, asume el primer gobierno elegido democráticamente desde 1970. Desde esta fecha al año 2005, se suceden tres gobiernos de la Concertación, los cuales comienzan a incorporar una serie de modificaciones al sistema de educación superior, pero a partir de la filosofía y el modelo heredado de la dictadura militar.

Antes de que ocurriera el cambio de mando, se promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, que dejó muy bien amarrado el sistema educacional chileno incluyendo a la educación superior. Adicionalmente, un gran número de universidades e instituciones privadas se crearon los primeros meses de 1990, aprovechando la flexibilidad que disponía la institucionalidad que construyó la dictadura.

En el año 2007, nos encontramos con un sistema consolidado, compuesto por 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, de las cuales 16 son de propiedad estatal, 36 universidades privadas, 111 centros de formación técnica y 47 institutos profesionales que presentan una matrícula total de 663.679 alumnos.

El financiamiento fiscal ha bajado ostensiblemente, llegando a 17,4% de los ingresos totales de las instituciones. Si consideramos el financiamiento público, este porcentaje, sólo llegaba a 25,9%. En síntesis, si en 1972, ocho de cada diez pesos que recibían las universidades eran aportes públicos, en el 2005 el aporte se situaba sólo en uno de cada cuatro pesos.

Ante este escenario, inmediatamente surgen las siguientes preguntas:

- ¿Cómo fue posible que se implementara este sistema en Chile?

- ¿Puede una nación como la chilena, que presenta una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo, tener un sistema de educación superior tan privatizado?

- ¿La reciente LGE, aprobada por la cámara de diputados, toma en consideración estos aspectos?

...por una educación pública, gratuita y de calidad para todos...

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