AUTOFINANCIAMIENTO, POLÍTICA DE SEGREGACIÓN Y ENDEUDAMIENTO

Uno de los grandes problemas para las universidades de propiedad estatal y privadas tradicionales es el financiamiento que deben conseguir año a año para financiar sus gastos. En 1974, existían sólo 8 universidades, conocidas como tradicionales, y el Estado aportaba el 86,2% de su presupuesto. Hoy, 25 establecimientos son parte del Consejo de Rectores y reciben Aporte Fiscal Directo, Aporte Fiscal Indirecto, recursos para becas y créditos y otros fondos institucionales. El año 2005, sólo el 17,4% de los ingresos de estos 25 planteles provienen de recursos fiscales, lo que equivale a $181.176 millones, de un total de $1,04 billones.

Si a ello, agregamos otros aportes del sector público y algunas leyes especiales, el financiamiento público total alcanza un 25,9%, vale decir, sólo 1 de cada 4 pesos que ingresan a este grupo de universidades corresponde a fondos del Estado. Sin embargo, se observan algunas diferencias entre universidades. Por ejemplo, mientras el financiamiento público de la Universidad de Talca es de un 45,9%, la Universidad Arturo Prat sólo recibe un 16,1%.

El ítem que genera mayores ingresos a las universidades, corresponde a los ingresos de operación, que incluye la venta de bienes y servicios, rentas y la recaudación de aranceles de matrícula. La gran cantidad de recursos que a través de la recaudación por este concepto se genera, es un fiel reflejo de la política de autofinanciamiento a la cual han sido empujados estos planteles.

Otra manera de ver como las universidades estatales deben autofinanciarse progresivamente, es calculando el porcentaje que reciben como aporte basal (AFD y AFI) en relación a sus ingresos totales. El aporte basal, equivale al financiamiento estructural que reciben los establecimientos y que efectivamente determina el compromiso real del Estado con el imaginario de la universidad pública. En este sentido, se detectan exiguos aportes, que alcanza un valor máximo de 28,6% en la Universidad de Talca y un valor mínimo de 5,8% en la Universidad Arturo Prat. La mitad de las 16 universidades estatales reciben menos del 10% del total de sus ingresos como aporte basal.

El componente más importante dentro del gasto público en educación superior, corresponde el ítem Educación Superior del presupuesto que año a año se asigna al Ministerio de Educación. Entre sus principales partidas se destaca el Aporte Fiscal Directo, el Aporte Fiscal Indirecto, las Ayudas Estudiantiles (Becas y Créditos) y algunos fondos para apoyar el desarrollo institucional de las instituciones que entregan educación superior.

Entre 1990 y el 2005, la composición entre las distintas partidas que forman parte del presupuesto de este ítem ha variado. Mientras en 1990, el AFD representaba el 56,2% del total, las Ayudas Estudiantiles un 25,7% y el AFI un 18,2%.

En 1998, disminuye el peso del AFD y el AFI (50,3% y 10% respectivamente) dentro del presupuesto total y se incorporan nuevas partidas: El Fondo de Desarrollo Institucional, el MECESUP, el Convenio con la Universidad de Chile y el programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial de Docentes.

Finalmente en el 2005, el AFD representa el 45,8% del presupuesto total y el AFI el 7,3%, en cambio, las Becas y Créditos prácticamente ya es un tercio del gasto total. En tanto, el programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial de Docentes ha concluido.

Sólo cuatro de las 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, captan prácticamente la mitad del AFD. Específicamente, los datos del año 2005, demuestran que la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y la Universidad de Santiago reciben el 48,9% de los recursos que se asignan por concepto de AFD.

Si sólo consideramos a las 16 universidades de propiedad estatal, se pueden observar grandes diferencias entre ellas. Por ejemplo, mientras la Universidad de Chile recibe un aporte de $858.111 por alumno matriculado, la Universidad de Valparaíso sólo consigue un aporte de $92.991 por estudiante.

En relación al Aporte Fiscal Indirecto, los recursos asignados han disminuido desde 1990 a la fecha. Así, mientras en 1991 se destinaban $21.825 millones por este concepto, el 2006 se gastaron sólo $18.215 millones. En 1990, las Universidades del Consejo de Rectores captaban el 84,1% del AFI, las Universidades Privadas el 8,7% y CFT e IP el resto. En el 2006, las universidades privadas captaban el 15,5% de los recursos asignados a través del AFI.

Sólo cinco universidades concentran el 58,5% de los recursos que se entregaron a través del AFI en el 2006. La Universidad de Chile con un 20,4%, la Universidad Católica con un 17,5%, la Universidad de Concepción con un 8,2%, la Universidad de Santiago con un 6,4% y la Universidad Técnica Federico Santa María con un 6% se constituyen como los planteles en donde se matriculan la mayor proporción de los 27.500 mejores puntajes en la PSU.

Junto al AFD y al AFI, una parte importante de los recursos asignados por presupuesto a la partida de Educación Superior del Ministerio de Educación, corresponde a las Ayudas Estudiantiles, que se descomponen en Becas y Créditos. Las Becas, a su vez se dividen en aquellas que se destinan al pago de aranceles y aquellas que se asignan a mantención y las que financian estudios de pregrado y postgrado.

El 52,1% de estos recursos es captado sólo por 8 universidades: La Universidad de Santiago, la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Austral, la UTEM y la Universidad de Bío-Bío.

Sólo para financiar los estudios de los alumnos matriculados en las universidades del Consejo de Rectores, este año, se necesitarían $331.713 millones. Sin considerar los gastos de manutención en que debe incurrir cada estudiante (transporte, alimentación, fotocopias, útiles, libros).

Para este año, se disponen cerca de $165.629 millones para becas de arancel y créditos solidarios, que finalmente son las herramientas que aseguran un financiamiento orientado a la idea supuesta de educación pública que posee el gobierno. Esta cifra equivale a menos de la mitad de las necesidades reales de financiamiento. $64.992 millones se destinan a crédito con aval del Estado y créditos CORFO, que imponen condiciones de endeudamiento para los estudiantes mucho más desfavorables. Y $50 mil millones se destinarán a Becas de Postgrado y Becas de Mantención.

Finalmente, en términos de política pública, se hace necesaria la tarea de que estado asume de manera efectiva su tarea dentro de la educación, especialmente en la pública, generando cambio en lógicas mercantilistas como el autofinanciamiento y asistencialistas, como el sinnúmero de becas que pretenden amortiguar el sobre exceso de costos que deben incurrir las familias.

Actualmente las universidades del consejo de rectores sólo reciben un aporte basal como promedio cercano al 15% de sus ingresos totales y un financiamiento público total no mayor a 25%. Si realmente se desea fortalecer y rescatar la idea de universidad pública, al menos el 70% del financiamiento de cada plantel debería ser aportado por el Estado, asegurando la equidad en la asignación entre los distintos planteles.

El Aporte Fiscal Indirecto debería transformarse en un aporte estructural a los establecimientos que necesitan desarrollarse institucionalmente y que cuentan con mayor heterogeneidad entre su alumnado, de tal forma de no reproducir la segmentación que existe en el sistema educacional básico y secundario.

Con urgencia se necesita una política de financiamiento en sintonía con una educación superior pública de calidad, lo que implica necesariamente, más recursos y mayor eficiencia en el gasto.