SIN MOVIMIENTO, NO HAY CONGELAMIENTO!!!

Boletin nº 3 CORDON PUCV

Reflexión, Acción y Unidad.

Para que no nos pasen más gato por liebre.

Este año nos han pasado gato por liebre, y no sólo una vez, sino que dos veces y con gran estilo.

La primera vez fue con la TNE. Desde el año pasado, sorprendidos por las grandes bondades que tendría este nuevo Pase, muchos nos sacamos felices la foto que encontraríamos este año impresa en nuestra tarjeta nacional. ¿Y que paso? Nada de lo prometido. Seguimos siendo reconocidos como estudiantes algunos días de la semana, y sólo algunas horas del día.

El segundo engaño fue con la LGE. Algunos nos habíamos dado cuenta desde el comienzo, ¡Es que no podía salir nada bueno de ese Consejo Asesor Presidencial!, sólo era cosa de ver a sus integrantes. Cuando fue realizado ese gran apretón de manos entre la Derecha y la Concertación, ya no cabían dudas: nuestra LOCE 2.0 viene a regular de mejor manera lo ya establecido; el sistema municipal, el lucro, el sistema de colegios subvencionados y la selección en los colegios.

Y así ya hemos entrado a este segundo semestre, con un sabor un tanto amargo. ¿Será que no vale la pena luchar por exigir cambios? ¿Será que no tenemos ninguna posibilidad? ¿Será mejor dedicarse a estudiar, sacar la carrera y ver si entre trabajo y trabajo encuentro la felicidad? ¿Será que debemos rendirnos? Definitivamente No. Nada de eso.

Lo que debemos hacer es mejorar la forma en la que hemos emprendido las luchas. Y comprender que los grandes cambios no se obtienen de manera fácil, pero que el esfuerzo vale la pena.

Primero que todo debemos hacer análisis certeros de dónde está el núcleo central a todas nuestras problemáticas. Porque como ya lo hemos dicho en otros momentos; la LGE y la TNE son sólo un reflejo del gran problema estructural por el que atraviesa nuestro país.

En segundo lugar debemos superar la acción reactiva, que siempre nos ha situado a un paso de desventaja detrás de los sucesos. Tenemos que tener la capacidad de manejar las coyunturas, de ser nosotros los que instalemos los temas, de no esperar que esté todo explotando para recién actuar.

En tercer lugar, y lo más importante: Debemos terminar de mirarnos el ombligo. Debemos darnos cuenta que no lograremos ningún cambio si no es en unidad con otros sectores sociales. Hay problemas que son netamente del área estudiantil que se pueden resolver rápidamente (un mal profesor, una mala biblioteca, una mala silla para la clase), pero los grandes problemas que nos aquejan (desde el tener que endeudarse para estar en la universidad, hasta la poca participación que tenemos dentro) son aspectos que los debemos enfrentar no como estudiantes, sino que como sujetos sociales activos, y por lo tanto, en conjunto con los trabajadores.

Por eso compañeros y compañeras. Aunque nos hayan pasado gato por liebre, aunque sintamos que fuimos derrotados, debemos saber que está en nuestras manos que esto no se vuelva a repetir. La reflexión constante, la acción constante y la unidad con los trabajadores, nos permitirá avanzar a la sociedad que realmente necesitamos.

No duden que si entregamos todos nuestros esfuerzos en esto, algún día no tan lejano VENCEREMOS

AUTOFINANCIAMIENTO, POLÍTICA DE SEGREGACIÓN Y ENDEUDAMIENTO

Uno de los grandes problemas para las universidades de propiedad estatal y privadas tradicionales es el financiamiento que deben conseguir año a año para financiar sus gastos. En 1974, existían sólo 8 universidades, conocidas como tradicionales, y el Estado aportaba el 86,2% de su presupuesto. Hoy, 25 establecimientos son parte del Consejo de Rectores y reciben Aporte Fiscal Directo, Aporte Fiscal Indirecto, recursos para becas y créditos y otros fondos institucionales. El año 2005, sólo el 17,4% de los ingresos de estos 25 planteles provienen de recursos fiscales, lo que equivale a $181.176 millones, de un total de $1,04 billones.

Si a ello, agregamos otros aportes del sector público y algunas leyes especiales, el financiamiento público total alcanza un 25,9%, vale decir, sólo 1 de cada 4 pesos que ingresan a este grupo de universidades corresponde a fondos del Estado. Sin embargo, se observan algunas diferencias entre universidades. Por ejemplo, mientras el financiamiento público de la Universidad de Talca es de un 45,9%, la Universidad Arturo Prat sólo recibe un 16,1%.

El ítem que genera mayores ingresos a las universidades, corresponde a los ingresos de operación, que incluye la venta de bienes y servicios, rentas y la recaudación de aranceles de matrícula. La gran cantidad de recursos que a través de la recaudación por este concepto se genera, es un fiel reflejo de la política de autofinanciamiento a la cual han sido empujados estos planteles.

Otra manera de ver como las universidades estatales deben autofinanciarse progresivamente, es calculando el porcentaje que reciben como aporte basal (AFD y AFI) en relación a sus ingresos totales. El aporte basal, equivale al financiamiento estructural que reciben los establecimientos y que efectivamente determina el compromiso real del Estado con el imaginario de la universidad pública. En este sentido, se detectan exiguos aportes, que alcanza un valor máximo de 28,6% en la Universidad de Talca y un valor mínimo de 5,8% en la Universidad Arturo Prat. La mitad de las 16 universidades estatales reciben menos del 10% del total de sus ingresos como aporte basal.

El componente más importante dentro del gasto público en educación superior, corresponde el ítem Educación Superior del presupuesto que año a año se asigna al Ministerio de Educación. Entre sus principales partidas se destaca el Aporte Fiscal Directo, el Aporte Fiscal Indirecto, las Ayudas Estudiantiles (Becas y Créditos) y algunos fondos para apoyar el desarrollo institucional de las instituciones que entregan educación superior.

Entre 1990 y el 2005, la composición entre las distintas partidas que forman parte del presupuesto de este ítem ha variado. Mientras en 1990, el AFD representaba el 56,2% del total, las Ayudas Estudiantiles un 25,7% y el AFI un 18,2%.

En 1998, disminuye el peso del AFD y el AFI (50,3% y 10% respectivamente) dentro del presupuesto total y se incorporan nuevas partidas: El Fondo de Desarrollo Institucional, el MECESUP, el Convenio con la Universidad de Chile y el programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial de Docentes.

Finalmente en el 2005, el AFD representa el 45,8% del presupuesto total y el AFI el 7,3%, en cambio, las Becas y Créditos prácticamente ya es un tercio del gasto total. En tanto, el programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial de Docentes ha concluido.

Sólo cuatro de las 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, captan prácticamente la mitad del AFD. Específicamente, los datos del año 2005, demuestran que la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y la Universidad de Santiago reciben el 48,9% de los recursos que se asignan por concepto de AFD.

Si sólo consideramos a las 16 universidades de propiedad estatal, se pueden observar grandes diferencias entre ellas. Por ejemplo, mientras la Universidad de Chile recibe un aporte de $858.111 por alumno matriculado, la Universidad de Valparaíso sólo consigue un aporte de $92.991 por estudiante.

En relación al Aporte Fiscal Indirecto, los recursos asignados han disminuido desde 1990 a la fecha. Así, mientras en 1991 se destinaban $21.825 millones por este concepto, el 2006 se gastaron sólo $18.215 millones. En 1990, las Universidades del Consejo de Rectores captaban el 84,1% del AFI, las Universidades Privadas el 8,7% y CFT e IP el resto. En el 2006, las universidades privadas captaban el 15,5% de los recursos asignados a través del AFI.

Sólo cinco universidades concentran el 58,5% de los recursos que se entregaron a través del AFI en el 2006. La Universidad de Chile con un 20,4%, la Universidad Católica con un 17,5%, la Universidad de Concepción con un 8,2%, la Universidad de Santiago con un 6,4% y la Universidad Técnica Federico Santa María con un 6% se constituyen como los planteles en donde se matriculan la mayor proporción de los 27.500 mejores puntajes en la PSU.

Junto al AFD y al AFI, una parte importante de los recursos asignados por presupuesto a la partida de Educación Superior del Ministerio de Educación, corresponde a las Ayudas Estudiantiles, que se descomponen en Becas y Créditos. Las Becas, a su vez se dividen en aquellas que se destinan al pago de aranceles y aquellas que se asignan a mantención y las que financian estudios de pregrado y postgrado.

El 52,1% de estos recursos es captado sólo por 8 universidades: La Universidad de Santiago, la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Austral, la UTEM y la Universidad de Bío-Bío.

Sólo para financiar los estudios de los alumnos matriculados en las universidades del Consejo de Rectores, este año, se necesitarían $331.713 millones. Sin considerar los gastos de manutención en que debe incurrir cada estudiante (transporte, alimentación, fotocopias, útiles, libros).

Para este año, se disponen cerca de $165.629 millones para becas de arancel y créditos solidarios, que finalmente son las herramientas que aseguran un financiamiento orientado a la idea supuesta de educación pública que posee el gobierno. Esta cifra equivale a menos de la mitad de las necesidades reales de financiamiento. $64.992 millones se destinan a crédito con aval del Estado y créditos CORFO, que imponen condiciones de endeudamiento para los estudiantes mucho más desfavorables. Y $50 mil millones se destinarán a Becas de Postgrado y Becas de Mantención.

Finalmente, en términos de política pública, se hace necesaria la tarea de que estado asume de manera efectiva su tarea dentro de la educación, especialmente en la pública, generando cambio en lógicas mercantilistas como el autofinanciamiento y asistencialistas, como el sinnúmero de becas que pretenden amortiguar el sobre exceso de costos que deben incurrir las familias.

Actualmente las universidades del consejo de rectores sólo reciben un aporte basal como promedio cercano al 15% de sus ingresos totales y un financiamiento público total no mayor a 25%. Si realmente se desea fortalecer y rescatar la idea de universidad pública, al menos el 70% del financiamiento de cada plantel debería ser aportado por el Estado, asegurando la equidad en la asignación entre los distintos planteles.

El Aporte Fiscal Indirecto debería transformarse en un aporte estructural a los establecimientos que necesitan desarrollarse institucionalmente y que cuentan con mayor heterogeneidad entre su alumnado, de tal forma de no reproducir la segmentación que existe en el sistema educacional básico y secundario.

Con urgencia se necesita una política de financiamiento en sintonía con una educación superior pública de calidad, lo que implica necesariamente, más recursos y mayor eficiencia en el gasto.

DECLARACIÓN PÚBLICA LISTA B "ATRÉVETE"

A través de la siguiente Declaración Pública deseamos poner en conocimiento de la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la sociedad regional y nacional, lo siguiente:

1. Acatamos y respetamos la decisión adoptada por el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) que ordena repetir las elecciones en algunas carreras, cuyas urnas presentaron ciertos vicios, a saber; para Mesa Ejecutiva de Historia, Educación Diferencial, Química, Ingeniería Civil Electrónica e Ingeniería en Bioprocesos; para Consejero Superior, Ingeniería Civil Electrónica e Ingeniería en Bioprocesos y para Consejero de Facultad de Arquitectura, Arte.

2. Creemos que la decisión adoptada por el TRICEL permite transparentar el proceso eleccionario. Las urnas impugnadas para Mesa Ejecutiva y para Consejero Superior representan, respectivamente, el 10% y el 1% del total de la votación. Estos datos hablan por sí solos: los problemas existentes no empañan, de manera alguna, el proceso eleccionario, que resulta intachable en su génesis, desarrollo y escrutinio, ni tampoco el triunfo parcial que para la Lista B arroja.

3. Estimamos que toda declaración o juicio que se emita de ahora en adelante, que apunte cuestionar la legitimidad del proceso eleccionario, no tiene asidero o validez legal alguna, ya que el TRICEL ha cumplido, cabalmente, con la identificación de los problemas y ha tomado la medida concreta para superarlos.

4. Sin perjuicio de lo anterior, nos parece fundamental expresar que la repetición de las elecciones en las urnas en cuestión sea realizada a la brevedad posible, en ningún caso durante el segundo semestre, sino en los próximos días. El movimiento estudiantil de nuestra Universidad requiere, para enfrentar los desafíos venideros, tener lo antes posible su nueva Federación. Es por ello que exhortamos a la Comisión Electoral a definir cuanto antes las fechas de la repetición de la votación, tomando en consideración los criterios antes mencionados.

5. Creemos fundamental destacar que el resultado general de la votación da, clara e indiscutiblemente, como ganadora a la Lista B por el margen de 500 votos de diferencia, aproximadamente, para Mesa Ejecutiva y primera mayoría histórica en Consejero Superior. Por otro lado, en todas las urnas impugnadas la Lista B obtuvo una clara preferencia (por ejemplo, en la urna para Mesa Ejecutiva de Educación Diferencial, la diferencia con la lista A fue superior a 100 votos). No obstante las impugnaciones de urnas realizadas por el TRICEL, el margen de diferencia existente en la elección de Mesa Ejecutiva sigue siendo categórico y claro a favor de la Lista B, 250 votos ,aproximadamente, sobre la lista A..

6. Hacemos un llamado a nuestros compañeros y compañeras de las carreras de Historia, Diferencial, Química, Bioprocesos y C. Electrónica a votar nuevamente en sus urnas y entregar una vez más su veredicto.

7. Compañeros y compañeras, el proceso eleccionario se ha alargado, innecesariamente; es por eso que debe llegar pronto a su fin. Ha sido un proceso electoral con una participación histórica del movimiento estudiantil, donde se ha posicionado un nuevo proyecto de Federación. Es por ello que debemos estar alerta, acumular energía y fuerza para poner en marcha, entre todos y de una vez por todas, el proyecto que nuestra Universidad ha elegido.

Breve Historia del FIN de la Universidad Pública.

(haz click sobre la tabla y ve como se financia tu universidad, ademas de como ha bajado el aporte estatal)

La situación de la Educación Superior en Chile es el ejemplo más representativo de lo que ha ocurrido con el sistema educacional chileno en las últimas tres décadas. La cobertura ha aumentado de manera considerable, sin embargo se ha transitado progresivamente por la ruta de la privatización.

En general, nuestro sistema, “es el más privatizado y abierto al mercado”, como se deduce de su estructura institucional y nivel de participación de la matrícula privada, en combinación con los pesos relativos del financiamiento del Estado y de los hogares.

Actualmente, sólo el 25% de los estudiantes pertenecen a establecimientos públicos, instituciones que progresivamente deben recurrir al autofinanciamiento para recaudar los ingresos básicos que necesitan para seguir operando.

El Comienzo del Fin

Al comenzar la década del 70’, la estructura y la institucionalidad de la educación superior chilena era muy simple. Existían sólo 8 universidades con sedes regionales que impartían educación profesional y técnica. Estas eran la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Universidad Técnica del Estado (hoy Universidad de Santiago), la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Austral, la Universidad Católica del Norte y la Universidad Técnica Federico Santa María.

Estos planteles eran financiados en prácticamente un 80% por el Estado a través de la Ley de Presupuesto y Leyes Especiales. Los alumnos no debían pagar por la educación recibida y sólo cancelaban cuotas de manutención diferenciadas de acuerdo a la capacidad de pago de cada estudiante, para costear gastos de materiales, alimentación, entre otros. Estas cuotas se conocían como “Cuotas de Solidaridad”. La universidad en términos generales era gratuita, por tanto varias generaciones de egresados que actualmente se desempeñan en cargos políticos, académicos y económicos pudieron disfrutar de tal beneficio.

El 11 de septiembre de 1973, junto al golpe militar se comenzó a delinear el desmantelamiento de este sistema. Las ocho universidades, denominadas tradicionales, fueron intervenidas. La Junta Militar, a través de la publicación del Decreto Nº50, sacó a los ocho rectores y delegó en su reemplazo a miembros de la Armada, la Aviación y el Ejército.

Entre 1973 y 1980, la institucionalidad que velaba por el funcionamiento de los establecimientos que entregaban educación superior (Ministerio de Educación y Consejo de Rectores), quedó sometida a la discrecionalidad y autoritarismo de la Junta Militar. Se sucedieron múltiples cambios y la matrícula bajó a menos de 120 mil estudiantes. El aporte fiscal a las ocho instituciones disminuyó desde un 80% a un 66%.

Esta etapa, se configuró como un espacio en que se terminó desmantelando la arquitectura del sistema de educación superior chileno y al mismo tiempo dejó el terreno despejado para imponer las profundas reformas que se comenzaron a aplicar a partir de 1980.

El 30 de diciembre de 1980 se dicta la Ley General de Universidades que faculta al presidente la reestructuración de las universidades. Nacen las universidades derivadas, que correspondían a las sedes regionales de los planteles tradicionales, se cambia el sistema de financiamiento ostensiblemente y se elimina la tradición de la universidad gratuita.

Entre 1980 y 1990 los sucesivos cambios y las normas que permitieron el nacimiento de instituciones privadas, configuraron un escenario inédito y desordenado en la educación superior chilena.

El Estado disminuye progresivamente su aporte a las instituciones y el sistema antiguo de financiamiento se reemplaza por otro que incorpora tres pilares: i) Un Aporte Fiscal Directo (AFD) para las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores (tradicionales y derivadas); ii) Un Aporte Fiscal Indirecto (AFI) para todas las instituciones que capten a los alumnos de mejor rendimiento en la prueba de admisión y iii) Un Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) que financia proyectos individuales de los docentes.

En esta etapa, cada alumno debe pagar su arancel y quién presente una situación socioeconómica muy desmedrada y se matricule en alguna de las universidades tradicionales y derivadas, podrá optar a un Crédito Fiscal Universitario, el cual a partir de 1987 comenzó a ser administrado por cada Universidad.

En marzo de 1990, asume el primer gobierno elegido democráticamente desde 1970. Desde esta fecha al año 2005, se suceden tres gobiernos de la Concertación, los cuales comienzan a incorporar una serie de modificaciones al sistema de educación superior, pero a partir de la filosofía y el modelo heredado de la dictadura militar.

Antes de que ocurriera el cambio de mando, se promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, que dejó muy bien amarrado el sistema educacional chileno incluyendo a la educación superior. Adicionalmente, un gran número de universidades e instituciones privadas se crearon los primeros meses de 1990, aprovechando la flexibilidad que disponía la institucionalidad que construyó la dictadura.

En el año 2007, nos encontramos con un sistema consolidado, compuesto por 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, de las cuales 16 son de propiedad estatal, 36 universidades privadas, 111 centros de formación técnica y 47 institutos profesionales que presentan una matrícula total de 663.679 alumnos.

El financiamiento fiscal ha bajado ostensiblemente, llegando a 17,4% de los ingresos totales de las instituciones. Si consideramos el financiamiento público, este porcentaje, sólo llegaba a 25,9%. En síntesis, si en 1972, ocho de cada diez pesos que recibían las universidades eran aportes públicos, en el 2005 el aporte se situaba sólo en uno de cada cuatro pesos.

Ante este escenario, inmediatamente surgen las siguientes preguntas:

- ¿Cómo fue posible que se implementara este sistema en Chile?

- ¿Puede una nación como la chilena, que presenta una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo, tener un sistema de educación superior tan privatizado?

- ¿La reciente LGE, aprobada por la cámara de diputados, toma en consideración estos aspectos?

...por una educación pública, gratuita y de calidad para todos...